Votar no, dos veces en el referéndum del 19 de agosto. Esa es la propuesta del Movimiento Unión Soberanista, según su candidata a comisionada residente, la abogada María de Lourdes Guzmán, quien informó que esa organización está en campaña de educación a los electores sobre el significado del derecho a la fianza y sobre “la trampa” que representa la propuesta de reforma legislativa que aparece en esa consulta.Limitar el derecho a la fianza significaría un castigo previo a las personas acusadas y, si es inocente, nadie le puede devolver a su vida los días que estuvo encarcelado. Añadió que las estadísticas establecen que en Puerto Rico “se hace buen uso del derecho a la fianza, un derecho que protege otro derecho, la presunción de inocencia”.
Argumentó que los pueblos no entregan sus derechos y el de la fianza es un derecho que el ciudadano tiene ante la autoridad del estado.
Calificó la propuesta de limitar el derecho a la fianza como una muestra de la incapacidad de la actual administración gubernamental para cumplir su promesa de bajar la incidencia criminal. “No podemos pagar la ineptitud de este gobierno con un derecho que nos pertenece a todos”, comentó.
Según la candidata del MUS, para bajar la incidencia criminal el gobierno debe enfocarse en garantizarle al pueblo unas mejores condiciones de vida.
Dijo que con un 16% de desempleo y una tasa de participación laboral de solo un 39%, hay una gran cantidad de personas que buscan su sustento en la economía informal, cuya principal manifestación es el tráfico de drogas.
“Las mismas autoridades reconocen que la mayoría de los asesinatos se relacionan con el narcotráfico”, mantuvo Guzmán. Igualmente, los delitos contra la propiedad se vinculan con las personas que roban para financiar el uso de drogas intravenosas.
En contraposición de esto, es necesario desarrollar un modelo económico que permita a la gente integrarse a la economía formal. Subrayó que en el gobierno se malgastan los recursos que se deben dedicar al desarrollo económico, al utilizarlos en asuntos tales como el mismo referéndum, el gasoducto y el despilfarro en la legislatura.
Los esfuerzos deben concentrarse en lograr una justa distribución de la riqueza en el país. Igualmente, en tratar la adicción a drogas desde una perspectiva de salud y atacar la pobreza con medidas de justicia social.
Guzmán lamentó que muchas personas no están bien orientadas sobre la importancia de este referéndum y exhortó a los que vayan a votar a que se decidan por el no.
En el asunto de la reducción de los escaños legislativos, Roberto Carrasquillo Ríos, comisionado electoral alterno del MUS, advirtió que la propuesta del referéndum tiene el resultado de eliminar las minorías en la legislatura, lo cual favorece el bipartidismo. Sostuvo que la minoría legislativa del PIP, durante el tiempo de David Noriega, fue efectiva en el trabajo de fiscalización y tuvo el respaldo de la ciudadanía.
El texto de la papeleta modelo de la Comisión Estatal de Elecciones dice: “De aprobarse esta enmienda, el número de legisladores en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se reduciría de 78 a 56 miembros.
Específicamente, el número de senadores se reduciría de 27 a 17 y el número de representantes de 51 a 39. Para alcanzar esta reducción en el número de legisladores se aumentarían de 8 a 11 los distritos senatoriales y se reducirían de 40 a 33 los distritos representativos. Paralela a esta disminución de legisladores, el número total de miembros del partido o los partidos de minoría que deberá tener el Senado se reduciría de 9 a 6 y en la Cámara de Representantes de 17 a 13”.
Guzmán indicó que el problema de la legislatura no es la cantidad de legisladores, sino la calidad de las personas que ocupan los escaños. El MUS postula que para lograr legisladores de calidad es necesario que los partidos políticos eleven sus criterios para seleccionar los candidatos.
Añadió que la propuesta enmienda no aborda problemas tales como la proliferación de contratos para asesores, la doble compensación de dieta y salario para los legisladores, los beneficios tales como celular, auto y chofer pagados por el pueblo.
Indicó que hay asesores que tienen contratos de $14 mil mensuales y, sin embargo, se ha descuidado la Oficina de Servicios Legislativos, que debería realizar las funciones que ahora hacen los asesores.
“Hay políticos fracasados que se convierten en asesores de carrera y tienen múltiples contratos”, dijo Guzmán para describir el esquema de enriquecimiento a costa del pueblo que ha ido creciendo en el Capitolio.
Carrasquillo mencionó que el MUS tiene dos candidatos por acumulación: Arturo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, para el Senado y el planificador José (Tato) Rivera Santana, para la Cámara.
Añadió que el MUS estableció la política de que sus legisladores no aceptarán las dietas, el auto, el celular y el chofer de la legislatura. Añadió que, desde ya, el comisionado electoral del MUS, Julio Fontanet, aceptó una reducción del 50% del salario que otorga la CEE, y Carrasquillo mismo tiene un beneficio reducido.
Carrasquillo fue empleado legislativo del Partido Independentista Puertorriqueño. Dijo que cuando Víctor García San Inocencio representaba esa colectividad, se le cuestionaba el porqué aceptaba el beneficio del automóvil y su respuesta era que cuando todos los legisladores lo rechazaran él lo iba a rechazar. “Esto era causa de vergüeza para nosotros, porque hay que poner la acción donde se pone la palabra”, comentó.
El MUS está en proceso de reclutar funcionarios de colegio para el conteo de votos del referéndum. Carrasquillo acentuó la importancia de esa tarea para evitar las irregularidades en el conteo de votos, tal como ocurrió en las primarias de los partidos celebradas en marzo.
Para convertirse en funcionario de colegio a favor del no en el referéndum, pueden comunicarse con Roberto Carrasquillo al 787-777-8682, extensiones 2714 y 2715.